La ley Televisa y la iniciativa del diputado Corral

Estamos metidos como ciudadanos en un círculo perverso en entre los intereses de las televisoras que se construeron en el pasado pactando con el poder político y el propio poder político y burocrático actual.
La propuesta del Diputado del PAN Javier Corral Jurado no rompe esta tensión perversa.
Padeció el embate de las televisoras que injustamente lo difamaron y parece que entonces decidió cobrar revancha.Las televisoras buscaban entre otras cosas la renovación automática de sus concesión lo cual parece ventajoso pero no lo es tanto.

¿quien va invertir en una cadena de televisión o radio, si el uso del espacio radioeléctrico depende de criterios confusos y discrecionales que los políticos cambian en caulquier momento ?

¿ queremos combatir monopolios ? La única salida es eliminar las barreras de entrada que los hacen posible, empezando justamente con la asignación discrecional y política con la que se han otorgado las concesiones.
Es conocida la historia que en los años 40 del siglo pasado, Emilo Acárraga Vidaurreta, tuvo que dar una parte importante de sus acciones de lo que sería Televisa al mismísimo hijo del Presidente Alemán, a cambio de mantener un monopolio que se mantuvo hasta los años 90 casi sin cambios, cuando se otorgó otra concesión a Ricardo Salinas Pliego ya socio del mismo Raúl Salinas ahora hermano del presidente.

Contra lo que se pueda pensar, la forma más democrática y accesible de asignar el espacio radioeléctrico y subastándolo al mejor postor. Resulta que con al tecnología digital, el mismo rango de frecuencia permite multiplicar su uso en estaciones casi exponencialmente.


Los monopolios acostumbrados a que las concesiones se regalan a cambio de favores, tendrían que pagar a la nación quien es la legítima propietaria del espacio radioeléctrico.



Pero resulta que serían literalmente miles de subastas y el precio del rango necesario para una canal o estación de radio bajaría muchísimo lo que posibilita que muchas cadenas y empresas medianas y hasta pequeñas la puedan comprar pero por otra parte, multiplicada por miles de veces hace inviable que pocas empresas acaparen todo el espacio.



¿ qué pasaría con las radios comunitarias y alternativas ?

solo les quitaríamos una pesada carga burocrática de encima.

sobrarían formas de financiar socialmente la compra del espacio que usan sin necesidad de tenre que lambizconearle a nadie el apoyo ni buscar padrinos enter la gama de politicos que nos gobiernan.

Si instituciones tan grandes como la UNAM o la Ibero tardaron literalmente décadas, en lograr una concesión en el pasado con la actual ley nacionalista ¿ qué podemos esperar de una comunidad indígena o una productora de música independiente ?

¿ Pará qué entonces sobreregular incluso sobre contenidos de los programas, formas de negocio y sabra Dios quien sabe qué cosas más, que incluye la propuesta del Senador Corral ?

Sólo logra poner barreras que justamente sólo las televisoras grandes y con potentenes grupos de cabildeo las pueden saltar por una parte y por la otra depreciar el valor económico del espacio radioeléctrico, que depende directamente, - como cualquier bien de capital- , de la certeza del marco jurídico que lo defiende y de las posibildades de hacer cosas libremente con él.


¿ cuánto vale mi coche si al momento de quererlo vender, le salgo al posible comprador que resulta que si no me gusta cómo lo usa me lo tendrá que regresar, además de no poderlo usar el lunes, miércoles y jueves etc ?.

Casi Nada.

Sólo me meto autogol con estos " exabruptos de soberanía"


Eso hace esta iniciativa con el valor de los bienes públicos en un país con 40 millones de pobres.


Me llama la atención que nadie se pronuncie abiertamente sobre la eliminación de la absurda prohibición de inversión extranjera en este sector.



¿a quien le interesa tener el control de qué?


¿ queremos de verdadad menos monopolios en telecomunicaciones?


Sólo más competencia y desregulación.

Dejemos ya fuera al poder político que los hicieron posible


en facebook contra los monopolios


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la página de Javier Corral Jurado
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Monopolios

Luis Rubio 18 Abr. 10

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La competencia es vital para el funcionamiento eficiente de los mercados: sin competencia existe una permanente propensión al crecimiento de los precios, no hay incentivos para mejorar la calidad de los bienes y servicios y se inhibe la innovación. Sin competencia una economía tiende a estancarse y la población vive acosada por empresarios rentistas que no tienen el menor interés por ofrecer mejores productos, términos, calidad o precio. La lógica de promover la competencia es absoluta y transparente.La práctica es más compleja. Los monopolios (o prácticas monopólicas) sólo pueden existir como resultado de tres circunstancias: por la existencia de "monopolios naturales" (como las redes de distribución de electricidad o las vías de ferrocarril); porque existe un control legalmente sancionado de una actividad o sector, como ocurre con el petróleo o la electricidad; y por la protección que directa o indirectamente le confieren las regulaciones gubernamentales a una empresa o sector cuando se constituyen en barreras de entrada virtualmente infranqueables que impiden el acceso de competidores.En concepto, existen tres maneras de controlar las actividades monopólicas: a través de legislación, mediante la propiedad y operación gubernamental de un sector o por medio de regulaciones. Ninguna de éstas es perfecta. La legislación antimonopolios es costosa y compleja, inexorablemente susceptible al abuso. Los monopolios gubernamentales siempre generan rentistas, sobre todo los sindicatos. La mayoría de las prácticas monopólicas se genera porque las empresas capturan a la autoridad y logran que ésta emita regulaciones que las protejan y, una vez que existen, como el palo dado, ni Dios las quita. La abrumadora mayoría de los casos en que existen prácticas anti competitivas en el país se deriva del marco regulatorio. Por eso, la manera eficiente de acabar con los monopolios mexicanos es a través de la desregulación y de la modernización radical del marco regulatorio existente. Además, si queremos una economía verdaderamente competitiva, tendremos que enfrentar el mismo tema en los monopolios gubernamentales.

Decía George Stigler, experto en el tema, que los méritos de una economía de mercado tienen mucho menos que ver con el sustento teórico de la competencia que con la estructura y organización de cada mercado específico. Por eso es clave entender el origen y funcionamiento del marco regulatorio que da forma al mercado. La estructura corporativista que caracterizó a la economía y a la política en el país a lo largo de una gran parte del siglo XX se caracterizó por la existencia de un sinnúmero de mecanismos dedicados a controlar sindicatos, empresas y personas. Esa estructura construyó un esquema regulatorio orientado a hacer funcionar la actividad económica dentro del marco de una economía cerrada en la que el gobierno concedía permisos exclusivos de importación o fabricación de bienes bajo el principio de que así se promovía el desarrollo industrial. Independientemente de los resultados de la estrategia de substitución y control de importaciones, el esquema hizo dependientes a las empresas del gobierno y sus regulaciones, porque determinaban su viabilidad y rentabilidad. Así, no es sorprendente que, por su origen, el marco regulatorio no sólo no promovía la competencia, sino que incentivaba la creación de barreras a la misma: el objetivo era proteger a las empresas de la competencia. Aunque en el proceso de apertura a las importaciones se eliminaron muchas regulaciones, otras persisten y se han multiplicado.Adicionalmente, los pactos contra la inflación que se instrumentaron en los 80 entrañaron una estrecha cooperación entre las empresas de cada sector porque se fincaban en acuerdos de precios entre productores para romper la inercia de la inflación. Sin embargo, desde la perspectiva de la competencia, acabar con la inflación tuvo un enorme costo porque las empresas se acostumbraron a comunicarse entre sí y, por lo tanto, a no competir. Éste es otro "pecado" de nuestro pasado que también pesa sobre la estructura económica actual.La combinación de una estructura débil de regulación, instituciones con poca credibilidad y "poderes fácticos" con capacidad de veto, no sujetos en la práctica a autoridad alguna, obliga a pensar en maneras creativas y novedosas de avanzar la competencia en el país. Ante una situación similar, al menos en algunos aspectos, las naciones europeas crearon una autoridad regional de competencia. Algo similar se podría explorar en nuestro caso: una autoridad norteamericana en la materia con la fortaleza institucional, neutralidad y credibilidad necesarias para operar con éxito.La iniciativa propuesta por el ejecutivo para reformar la ley en materia de competencia constituye una significativa mejoría porque avanza hacia la profesionalización de la Cofeco. Sin embargo, la iniciativa no atiende el problema central: el hecho de que la entidad tiene funciones de fiscal y tribunal, es decir, de juez y parte, lo que crea una propensión permanente a la parcialidad. La ausencia de contrapeso conduce a excesos, protagonismos y decisiones de actuar o no actuar fundamentadas en las preferencias de los comisionados o de su presidente, más que en un análisis detallado y defendible a partir de evidencia incontrovertible. La estructura actual le confiere excesivas facultades discrecionales a su presidente y no limita su ámbito de acción. La autonomía mal entendida y sin contrapesos termina siendo otro poder fáctico.

En la actualidad, el único recurso que tiene una empresa frente a las decisiones de la Comisión es el amparo, procedimiento que lleva años en resolverse. Lo que realmente se requiere es un contrapeso efectivo que no se preste a dilación pero que impida el abuso. El mecanismo ideal sería un Tribunal Federal especializado en la materia sin recurso al amparo, de manera similar, en concepto, a lo que ocurre en la actualidad con el IFE y el Tribunal Electoral. Esa estructura ha probado ser eficiente, evita protagonismos y genera decisiones expeditas: ambas entidades saben que existe una institución de referencia, lo que les lleva a actuar con sumo cuidado.La esencia de la iniciativa reside en la posibilidad de imponer severas penas económicas e incluso penales a las empresas y funcionarios que incurran en prácticas anti competitivas. Un cambio cualitativo de esta naturaleza tiene una lógica explicable, pero no puede darse en ausencia de un equilibrio institucional que garantice una profesional e impecable aplicación de la ley. Sin contrapesos funcionales, una ley de esta naturaleza sería inquisitorial. www.cidac.org

Damian Hirst, Dark Trees

http://www.galeriahilariogalguera.com/newdataespa/espanol.html