La responsable moral de la transición

Roger Bartra,

La izquierda mexicana es, en cierto modo, la gran responsable moral de la transición democrática. Paradójicamente, en el año 2000, cuando cristaliza la democracia, la izquierda pierde el paso, queda relativamente marginada y no digiere el triunfo de la derecha en las elecciones presidenciales. Desde 1968, la izquierda había impulsado el lentísimo crecimiento de una cultura democrática; 20 años después encabezó la lucha democrática, y aunque el fraude impidió su triunfo, las elecciones de 1988 iniciaron el tramo final de la transición democrática. Durante los siguientes 12 años la izquierda se mantuvo como el principal motor de la instauración de procesos electorales confiables y vigilados por instancias autónomas. Sin embargo, nuevas fuerzas de derecha moderna, encabezadas por Vicente Fox, lograron ganar las elecciones presidenciales del año 2000. El PRD vivió en forma dramática su fracaso y reaccionó como si injustamente le hubiesen arrebatado, mediante artificios publicitarios, el poder que merecía haber ganado.
Creo que una parte de la izquierda organizada, principalmente en el PRD, no comprendió lo que había sucedido en el 2000. Ese año se inició la época democrática que la misma izquierda había impulsado. Pero su cúpula política, al perder las elecciones, tuvo una actitud ambigua hacia el sistema democrático naciente y perdió la oportunidad -que por breves instantes se vislumbró- de apoyar la formación del primer gobierno alternativo. Por supuesto, parte de la responsabilidad de haber impedido la formación de un gobierno alternativo de amplio espectro fue de los sectores más atrasados de la derecha en el PAN, que prefirieron apostar a una eventual alianza con el derrocado PRI. Esta alianza nunca se materializó, y por ello el gobierno de Fox no logró que el poder legislativo aprobase las reformas que había propuesto.
Esta desgraciada situación impulsó la desconfianza de la izquierda ante los mecanismos de la democracia representativa. Resucitaron las actitudes de la vieja izquierda que desprecian la formalidad electoral y democrática y exaltan los contenidos de la “auténtica” alternativa que todavía no llega. En suma, una gran parte de la izquierda sigue en espera de los cambios que traerá la “verdadera” democracia. Estos impulsos atrasados de la izquierda han contribuido a la confusión entre bienestar socioeconómico y democracia. Es obvio que los mejores y más refinados mecanismos de representación no solucionan los problemas sociales y económicos: no han sido diseñados para ello. Sin embargo, al confundir el sistema democrático con las propuestas políticas referidas al desarrollo y al bienestar, una gran parte de la población, que no ve que lleguen beneficios sociales y económicos, ha perdido confianza en la democracia.
Uno de los retos más difíciles a los que se enfrenta la transición democrática consiste en que, una vez instaurada la estructura institucional y legal que regula las formas no autoritarias de representación política, es necesaria la consolidación de una cultura que legitime la nueva condición. Esto no ocurre ni fácil ni rápidamente. La precariedad de una cultura democrática provoca grandes dificultades, como se ha podido comprobar recientemente en Argentina, Bolivia, Ecuador, Perú y Venezuela. Los dirigentes políticos y la intelectualidad tienen una gran responsabilidad en la decantación de una cultura democrática y en la formación de lo que Habermas ha llamado “patriotismo constitucional”: el orgullo no nacionalista de haber logrado superar al autoritarismo y la dictadura gracias a una cultura basada en el respeto a la legalidad.
Desgraciadamente, una parte importante de la izquierda ha dado un giro conservador y le presenta la espalda a la nueva condición democrática. Los ejes de este giro pueden ser ubicados con precisión: las fuerzas políticas impulsadas por el EZLN y las que encabeza López Obrador han auspiciado una reacción contra la cristalización de la democracia. En lugar de fomentar la expansión de una nueva cultura democrática, estas fuerzas han contribuido -cada una a su manera- a la expansión de las viejas expresiones dogmáticas, nacionalistas, populistas, paternalistas y autoritarias que se identifican con el extinto bloque socialista y con la larga dictadura del PRI.
De manera similar a lo que ocurrió en Argentina con la cultura peronista, en México el rancio nacionalismo revolucionario priista ha contaminado a amplios sectores de la clase política. Una de sus manifestaciones más importantes se puede observar en las dificultades que la izquierda conservadora tiene para aceptar la democracia y la legalidad. Viejos hábitos “revolucionarios” que desprecian el sistema electoral y la legalidad democrática han vuelto a surgir. Estas expresiones de la vieja cultura priista fueron evidentes durante el tragicómico espectáculo de la corrupción que rodeó a López Obrador durante su gestión como jefe del gobierno del Distrito Federal y la descomunal insensatez del intento de desaforarlo.
Para mostrar hasta qué punto una parte de la izquierda se enreda ante la democracia y la legalidad, quiero comentar un hecho revelador y alarmante: el 21 de febrero de 2005 varias decenas de prestigiados intelectuales, considerados de izquierda, publicaron una declaración que rechazaba el desafuero de López Obrador, haciendo dos afirmaciones muy significativas. La primera fue su percepción de que en los “últimos años” se ha hecho una aplicación selectiva y arbitraria de los criterios de legalidad o ilegalidad para aplicarlos según la conveniencia. Yo me pregunto: ¿durante la dictadura del PRI se habría acudido menos a la manipulación de la legalidad? El segundo desliz fue la falsa aseveración de que en México la institución electoral “es el único camino admisible para cambiar autoridades”. Esto demuestra un desconocimiento de la legalidad constitucional (título cuarto) que admite otras formas de cambio y destitución de servidores públicos.
Estos deslices son reveladores de una actitud extendida en la izquierda que cree que aún no llega la “verdadera” democracia, que la legalidad es ahora más manipulada que antes del 2000, que estas manipulaciones tienen como objetivo frenar la “auténtica” transición democrática, que estamos viviendo un retroceso, que el primer gobierno elegido democráticamente no es legítimo y que es necesario bloquear las reformas que propone.
Una izquierda sensata, precisamente porque es la principal responsable moral de la transición, debe defender las nuevas condiciones a pesar de que el gobierno triunfador de las primeras elecciones claramente democráticas sea de derecha. Tengo la esperanza de que la izquierda acabará siendo sensible a las exigencias democráticas de la sociedad y logrará rectificar. n